Como parte de nuestro compromiso y apoyo a la lucha contra el fraude financiero, liderada en nuestro país por la CNMV, e impulsada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, hemos puesto en marcha nuevas herramientas y políticas que ayudan a proteger más eficazmente a nuestros usuarios. Las personas confían en Google cuando buscan información y es una prioridad asegurar que también pueden confiar en los anuncios que ven en nuestras plataformas.
Hoy publicamos una actualización de la política de productos y servicios financieros de Google, mediante la cual extendemos a España nuestro nuevo proceso de certificación de anunciantes de servicios financieros. Nuestro objetivo es crear una nueva capa de seguridad contra el fraude, que mejorará aún más la protección de nuestra red frente al fraude financiero.
Gracias a este esfuerzo intersectorial, España figura entre los países pioneros en Europa, en poner en marcha este nuevo proceso por el que las entidades que publiciten servicios financieros en España tendrán que demostrar que están autorizadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, entre otros reguladores, cuando así resulte necesario. Adicionalmente, para poder empezar su actividad publicitaria, deberán haber completado el programa de verificación de anunciantes de Google. El proceso de pre-certificación de los anunciantes en activo dará comienzo el 3 de octubre y se prevé la entrada en vigor en España de esta política el 24 de enero de 2023.
Este proceso se lanzó inicialmente en el Reino Unido en septiembre de 2021. En ese mercado, los anunciantes de servicios financieros están obligados a demostrar que cuentan con autorización de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido o que pueden acogerse a alguna de las exenciones que figuran en la página de verificación de servicios financieros del Reino Unido. Desde que pusimos en práctica esta política en el Reino Unido, hemos observado un descenso muy notable de las denuncias de anuncios sospechosos de promover fraude financiero. A la vista del éxito, hemos comprobado que esta solución resulta eficaz, y nos ha dado la confianza necesaria para extender la verificación a otros países.
Nos preocupa que la publicidad que mostramos sea segura y confiable, y somos conscientes de que, para ello, es esencial colaborar con las autoridades y los reguladores. En ese sentido, colaboramos estrechamente con las autoridades españolas competentes, para garantizar la eficacia de este programa a la escala deseada. En los próximos meses, tenemos previsto ampliar estos requisitos de verificación a otros países y regiones.
Esta política representa un paso más dentro de un esfuerzo por garantizar un ecosistema de publicidad seguro, saludable y sostenible. Hemos puesto a punto políticas determinantes que impiden prácticas fraudulentas como el phishing, el clickbait o la información engañosa sobre productos, servicios o empresas. Igualmente, hemos impuesto normas estrictas sobre el modo en que los anunciantes pueden comercializar productos financieros tales como préstamos, servicios de negociación de deudas o productos financieros especulativos complejos. Nuestros equipos aplican estas políticas con el máximo rigor, y utilizan tanto aprendizaje automático como revisiones humanas para bloquear la publicidad fraudulenta. Solo en 2021 bloqueamos o eliminamos más de 58,9 millones de anuncios que incumplían nuestras políticas de servicios financieros.
Ya desde 2020, nuestro programa de verificación de anunciantes exige que las entidades que se anuncian a través de Google verifiquen información acerca de sus actividades; por ejemplo, el lugar desde el que operan y los productos y servicios que comercializan o promocionan. Actualmente, esta práctica de transparencia se encuentra activa en más de 180 países y proporciona a los usuarios información sobre la empresa y los servicios que hay detrás de un determinado anuncio. Mantenemos nuestro compromiso con este tipo de iniciativas y seguiremos colaborando tanto con la industria como con las administraciones públicas para adoptar las medidas necesarias para combatir las tácticas —en constante evolución— de los defraudadores.