Con el afán de evitar las estafas virtuales, el Ministerio de Seguridad amplió este lunes la lista de delitos en los que las fuerzas federales podrán realizar trabajos preventivos.
La medida, que se hizo efectiva a través de la Resolución 1330/2024 en el Boletín Oficial, establece la incorporación del monitoreo a los «delitos de intermediación financiera no autorizada, mediante la utilización de criptoactivos».
Asimismo, el texto señala que las tareas preventivas se podrán desarrollar «en ambientes cibernéticos mediante el uso de sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas».
En tanto, según detallaron desde la cartera que conduce Patricia Bullrich, esta forma de monitoreo que realizarán las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales será aplicable a situaciones de acoso, amenaza o extorsión de dar publicidad a imágenes sin consentimiento, trata de personas y tráfico de personas, lavado de activos y terrorismo, entre otros delitos.
Ciberpatrullaje: cómo vigilará el Gobierno a las plataformas digitales
A través de la Resolución 428/2024, el Ministerio de Seguridad había anunciado en mayo de este año la habilitación a las fuerzas federales a realizar labores de ciberpatrullaje.
Estas tareas se pueden ejecutar en casos vinculados a venta de drogas, amenazas, venta de armas, ciberdelitos de todo tipo, venta de objetos robados, falsificación y comercialización de instrumentos públicos, violencia de género, extorsión, acoso sexual y lavado de dinero, entre otros hechos.
Por ese motivo, y ante el auge de las transacciones relacionadas con criptomonedas, el Gobierno ahora amplió el ciberpatrullaje para detectar estafas virtuales.
El Ministerio de Seguridad vigilará los delitos de intermediación financiera no autorizada con criptoactivos
«El constante avance de transacciones relacionadas con criptoactivos, así como la utilización de plataformas tecnológicas para su uso y difusión, está generando espacios de actuación para el desarrollo de delitos ciberasistidos y ciberdependientes con un gran número de víctimas de todos los estratos sociales y económicos», remarca la normativa.
Sumado a ello, plantearon que esta problemática «se traduce en la realización de múltiples maniobras delictivas tales como defraudaciones y estafas coloquialmente denominadas ‘piramidales’, donde se busca captar ahorros» mediante supuestas inversiones en moneda de curso legal, extranjera, activos virtuales u auténticas acciones que «constituyen el delito de intermediación financiera no autorizada».
Teniendo en cuenta el texto publicado en el primer semestre del año, estas maniobras que pueden realizar las fuerzas federales aplican en sitios web de acceso público y fuentes digitales abiertas, caracterizadas como «los medios y plataformas de información y comunicación digital de carácter público, no sensible y sin clasificación de seguridad».
Si bien el objetivo es trabajar en la prevención y evitar perjuicios económicos, lo cierto es que se limitó el alcance del ciberpatrullaje. «No podrá interferir con la libertad de expresión constitucionalmente garantizada», sostiene la anterior resolución.
La resolución completa
Esto significa que las fuerzas federales no podrán obtener información de los usuarios con respecto a su orientación religiosa u opinión pública, emplear métodos ilegales y violatorios de la dignidad de las personas o incorporar datos falsos, entre otras cuestiones.